La planta de urea en Cochabamba. Foto: YPFB
El juicio oral comenzará el 28 de febrero, e incluso al exministro Víctor Hugo Zamora (prófugo) y el expresidente de YPFB Herland Soliz.
Pena máxima. Es lo que pedirá el Ministerio de Hidrocarburos y Energías contra los enjuiciados por la paralización de la Planta de Amoniaco y Urea, a fines de 2019, en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, por lo cual se calcula un daño de $us 243 millones.
«El equipo jurídico del Ministerio de Hidrocarburos y Energías presentó una acusación particular para ser parte del juicio oral en este proceso judicial, en el que se pedirá sentencia condenatoria y la pena máxima; y, lógicamente, la reparación del grave daño económico ocasionado a la planta», expresó el ministro Franklin Molina, según un boletín.
El juicio oral en el que se pedirá esta pena máxima comenzará el 28 de febrero, así lo hizo conocer el martes el representante de la Confederación Nacional, Energética y Petroquímica de Bolivia, Ludwin Sánchez. La factoría se encuentra en el trópico de Cochabamba.
Pena máxima
“Son seis acusados, el inicio de juicio oral será en la localidad de Ivirgarzama el martes 28 de febrero a las 09.00 de la mañana. Esta planta estaba siendo improvisada en su operación, mantenimiento y administración. Se han caído varios contratos internacionales de la venta de urea, hay varios temas que vamos a explicar en el juicio”, anunció Sánchez, según ABI.
La acusación fue presentada en marzo de 2022, en el caso bautizado como “YPFB-Bulo Bulo”. Implica a seis personas: el exministro de Hidrocarburos Zamora, que está declarado rebelde ante la Justicia; el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Herland Soliz, también rebelde.
Las otras cuatro son Jorge R. B., exvicepresidente nacional de Operaciones de YPFB; Oscar A. B., exgerente de Industrialización; Carlos S. V., exdirector de la Planta de Amoniaco y Urea; e Ivert F. O., excoordinador de la factoría enclavada en el departamento cochabambino.
Delitos
Los delitos son incumplimiento de deberes (uno a cuatro años de cárcel, y se agrava en un tercio si hay daño económico) y conducta antieconómica (de uno a seis años). La Fiscalía adelantó que hay 73 pruebas documentales y otras testificales.
El gobierno transitorio de Jeanine Áñez comenzó el 12 de noviembre de 2019, dos días después del derrocamiento del presidente Evo Morales, quien renunció agobiado por denuncias de fraude electoral, protestas de entidades cívicas, un motín policial y la presión de los militares.
“Nosotros vamos a solventar la acusación de manera técnica, creemos que aquí se ha vulnerado y se ha querido atentar contra toda una generación de futuros profesionales porque al privatizarlo iban a relegar a muchos jóvenes profesionales”, complementó Sánchez.
Eso no es todo, el representante remarcó que se vulneraron todos los protocolos para la paralización de operaciones de la planta, provocando un daño a las máquinas. Y afirmó que otro punto pendiente es que el mandato de Áñez despidió injustificadamente a 200 trabajadores.
