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El Gobierno español y los negociadores del Parlamento Europeo (PE) del reglamento para reducir el uso de pesticidas y fitosanitarios ven muy difícil que salga adelante antes de las elecciones europeas de 2024, por la división entre los países y dentro de las propias instituciones de la Unión Europea (UE).
La eurodiputada socialista Clara Aguilera, en nombre de la Comisión de Agricultura del PE, y el director general de la Sanidad de la Producción Agraria, Valentín Almansa, han reconocido este viernes, en una jornada, las dificultades para pactar el reglamento sobre la limitación del uso de pesticidas en la actual legislatura de la UE.
La propuesta legal comunitaria para reducir la aplicación de esos productos ha protagonizado debates intensos y ha generado mucho rechazo entre los Gobiernos, dentro del Consejo de Ministros de la UE, además de mantener enfrentados a los europarlamentarios de partidos y de las comisiones (Agricultura y Medioambiente).
En concreto, la Comisión Europea (CE) propuso un recorte del 50% del empleo de plaguicidas químicos para 2030, con objetivos nacionales vinculantes, registros obligatorios de agricultores, y la prohibición total en áreas sensibles, como las zonas verdes urbanas, parques o jardines públicos, escuelas o áreas protegidas.
Los calendarios de discusiones y reuniones de aquí a 2024 «están en el límite y hay más probabilidad de que no salga adelante» que de que salga, según Aguilera.
La europarlamentaria representa a la Comisión de Agricultura de la Eurocámara en estas discusiones, en las que, sin embargo, el expediente es responsabilidad de la Comisión de Medio Ambiente y las posturas entre ambas comisiones son opuestas.
Almansa ha apuntado que España ejercerá como moderadora en el segundo semestre por la presidencia de turno del Consejo, pero ve muy complicadas las negociaciones y está a la espera de un informe de impacto que presentará la CE, previsiblemente en junio.
CALENDARIOS AJUSTADOS
La normativa debe ser aprobada por el Consejo (representantes de los Gobiernos) y por el PE, por lo que la discusión en julio sobre este asunto en el Consejo, ya durante presidencia española, será importante.
Almansa ha explicado que de los 27 países, 11 no quieren «hacer nada», España se sitúa entre los realistas y pocos, entre ellos Alemania, se posicionan con las tesis de Bruselas: «La evolución de las negociaciones dependerá de lo que la CE y los que están en contra de todo aflojen».
España se ha mostrado crítico hasta ahora con las propuestas de la CE y aspectos como la manera de calcular los objetivos como la rebaja de pesticidas, pero en su papel como presidencia deberá ser neutral.
En cuanto a la Eurocámara, Aguilera ha explicado que el expediente pasará por la Comisión de Agricultura antes de la pausa veraniega, en septiembre por la de Medio Ambiente y en octubre por el pleno.
Pero «los tiempos son demasiados cortos» para que culminen con éxito las negociaciones entre las instituciones de la UE para reducir el uso de pesticidas.
Además, según Aguilera, hay grupos como el Partido Popular Europeo o ECR (Conservadores y Reformistas, al que pertenece Vox) reacios a negociar una reglamentación para reducir los fitosanitarios en agricultura.
En cuanto a las propuestas, la eurodiputada ha cuestionado los planteamientos radicales y, respecto a las zonas sensibles, ha abogado por «restringir» en lugar de un veto total de la actividad agrícola y ha apostado porque sea decisión de los Estados miembros.
«Que la restricción sea total en un centro público donde haya niños pero no en el ámbito profesional agrícola», ha añadido.
Aguilera defenderá también otra enmienda para que la financiación de las medidas quede fuera de la PAC.
BUENAS PRÁCTICAS
Almansa y Aguilera han recalcado que en la PAC y en España se ha trabajado en los últimos 20 años en el uso responsable de fitosanitarios, por lo que no debe trascender solo la idea de que en agricultura no se hace nada.
Por su parte, el director de proyectos del Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos (Ciheam-Zaragoza), Alun Jones, ha presentado los trabajos de la red IPM, que engloba a explotaciones comprometidas con la gestión integrada de plagas en 16 países y con 246 agricultores.
La red, a la que pertenecen por ejemplo, productores de Galicia o de la organización hortofrutícola almeriense Coexphal, muestra casos de reducción exitosa de fitosanitarios, combinada con controles y una buena renta.
«Hemos comprobado que es posible pero hay que acompañar a los agricultores, el reglamento comunitario es como un Plan Marshall para reducir pesticidas. Entonces ¿dónde está el apoyo financiero y técnico», según Jones.
