Entrevista a la ministra de Agricultura: “La reforma agraria es el eje central del programa de Gobierno”

CAMBIO: Ministra, dicen que cuando usted fue viceministra de Desarrollo Rural tuvo diferencias con el pasado director de la Agencia Nacional de Tierras por los procesos de compra de terrenos, y que por eso se retiró del viceministerio. ¿Cuáles fueron esas diferencias?

Marta Carvajalino: No fueron diferencias en la gestión administrativa. Y acá es importante mencionar que el proceso de adquisición directa de tierras había sido olvidado y marginado por el Estado. El Estado dejó de comprar tierra y se dedicó a hacer un proceso de formalización de la propiedad que es muy importante, pero que no modifica la inequitativa estructura de la tenencia de la tierra en Colombia. Entonces, no había una institucionalidad fuerte frente al proceso de compra, y en el ajuste institucional hubo diferencias. Todas esas diferencias se solucionaron y hoy tenemos una Agencia Nacional de Tierras con un equipo más robusto que implementa el proceso de compra que está en la Ley 160 y que refuerza el mecanismo voluntario en la ley del Plan Nacional de Desarrollo.

CAMBIO: Ministra, el presidente Petro se comprometió a conseguir un millón y medio de hectáreas de los 3 millones que se pactaron en el Acuerdo de Paz para proveer el fondo creado con el fin de darles tierras a los campesinos. Él ya va a cumplir dos años en el poder y nadie puede dudar de su voluntad política de llevar a cabo la reforma agraria. Pero estamos en la mitad de su mandato y la reforma agraria nada que despega.

M.C.: Lo primero que habría que decir es que tenemos una institucionalidad que se vino deconstruyendo durante los últimos 30 años y que hoy tiene muchas debilidades para cumplir los propósitos de la reforma agraria. Parte de lo que ha hecho este Gobierno es fortalecer esta institucionalidad para implementar los mecanismos de esa reforma a partir de esa apuesta de acuerdo nacional, que incluye la compra de tierras por oferta voluntaria de sus propietarios.

CAMBIO: Pero eso lo tumbó la Corte.

M.C.: No, eso no fue lo que tumbó la Corte. El mecanismo de oferta voluntaria de tierras para la adquisición directa es una herramienta que sigue estando en el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo y que lo que establece, básicamente, es que no es el Estado el que busca la tierra de forma directa, sino que es el propietario quien se acerca al Estado para ofertar la venta de su bien. Eso nos viene funcionando y tiene algunas dificultades de las que ahora voy a hablar. Lo que la Corte ‘tumba’ es el parágrafo de un artículo que permitía que las decisiones sobre los procesos de recuperación de baldíos, de deslinde de tierras de la nación, de la extinción agraria del dominio y del proceso de clarificación, se resolvieran en instancia administrativa. Eso implica que hoy los procesos de recuperación de baldíos deban ir a instancia judicial, lo cual es bastante complicado. El Fondo de Tierras, constituido por esos 3 millones de hectáreas que se pactaron en el acuerdo final, proviene de varias fuentes y en eso hemos venido avanzando en este Gobierno.

CAMBIO: ¿Cuántas hectáreas tiene ese fondo hoy?

M.C.: En total son 185.000 hectáreas las adquiridas bajo este Gobierno y que están en proceso de compra, destinadas a grupos étnicos y comunidades campesinas. Cerca de 100.000 de ellas serán para ese último segmento de la población, lo que no tiene antecedente alguno bajo la vigencia de la Ley 110.

CAMBIO: Y aparte de esas 185.000 hectáreas, ¿cuántas más hay en el Fondo de Tierras?

M.C.: El Fondo de Tierras se nutre de estas tierras que estamos comprando y de los procesos de recuperación de terrenos baldíos indebidamente ocupados y los de extinción de dominio. Hoy estamos cerca de lograr unas 100.000 hectáreas provenientes de procesos que no se habían solucionado y que este Gobierno los resolvió, permitiendo que dichos bienes ingresen al fondo. Así que al día de hoy hay 285.000 hectáreas en el Fondo de Tierras, más unas 5.000 hectáreas de procesos de donación, así como otros de baldíos que son muy pequeños pero que son de propiedad de la nación y que deben entrar al Fondo Nacional de Tierras. Estamos hablando de 24.000 hectáreas más. Además, hemos identificado unas 100.000 hectáreas provenientes de procesos con sentencia judicial que deben ser restituidos a personas despojadas o que fueron víctimas de violencia y abandonaron sus predios.

CAMBIO: Ahí tenemos 415.000 hectáreas.

M.C.: Así es.

CAMBIO: Faltan 1.055.000. ¿De dónde se van a obtener?

M.C.: Por eso necesitamos ajustar algunas medidas de la reforma agraria. Si nuestra principal apuesta es la adquisición directa de tierras, debemos facilitar su proceso. ¿Dónde están las trabas hoy? Primero, en que se disponga de las tierras. Es decir, que los propietarios se sumen a este gran acuerdo nacional por la modernización del campo y por la reforma agraria y ofrezcan sus tierras de manera voluntaria y podamos concentrar esa compra de tierras en lo que hemos llamado ‘los núcleos’ de la reforma agraria. ¿Cuál es la tierra que a este Gobierno le interesa comprar? La altamente concentrada que no está produciendo como debería producir. Y esas tierras altamente concentradas que tienen una producción ineficiente están concentradas en Córdoba, Sucre y Magdalena Medio. Allí es donde nosotros necesitamos fortalecer el proceso de gobernanza y de acuerdo nacional para comprar esos terrenos que generalmente están dedicados a ganadería extensiva y que pueden transitar hacia modelos más eficientes de una ganadería sostenible, y poner a disposición del Estado tierras para producir alimentos. Por eso hemos diseñado un programa especial de dotación de tierras, especificado en el decreto 1623 de 2023, que nos permite generar un proceso articulado de gobernanza territorial entre la compra y la producción en manos de la economía campesina.

Pero además necesitamos facilitar los procesos agrarios, que la Corte hoy ha dejado un poco, si se quiere, en el limbo, y ante la inexistencia de jueces y tribunales agrarios, necesitamos tomar medidas. Tenemos una jurisdicción agraria en un acto legislativo y tenemos la ley estatutaria de la jurisdicción agraria y hace falta que los jueces y los tribunales entren a funcionar. Eso implica que el Congreso, además, debata el proyecto de ley ordinario que en la legislatura pasada no se debatió. ¿Para qué? Para tener un procedimiento y unas competencias claras y que estos procesos que hoy están cursando y que deben llegar a instancia judicial, lo hagan. Pero también queremos convocar un debate legislativo alrededor de procesos como los de recuperación de baldíos indebidamente ocupados, como los procesos de deslinde de la nación, para que vuelvan a sede administrativa porque son propios de la organización de las tierras.

CAMBIO: ¿Y si el Congreso, por equis razón, no hace la tarea y eso no se estudia en esta legislatura?

M.C.: Nosotros hemos venido trabajando en el afianzamiento institucional del Sistema Nacional de Reforma Agraria, así como en el robustecimiento de la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural, con equipos capacitados que puedan emprender planes de choque para asegurar la implementación de los procesos. Hoy adelantamos el proceso de compra de tierra más grande que haya tenido el país y esperamos adquirir –si logramos los recursos necesarios– al menos 300.000 hectáreas el año que viene. Pero hemos hecho otras apuestas estratégicas. Está, por ejemplo, la apuesta estratégica del arco amazónico y de estabilización de territorios campesinos, lo que implica que reconozcamos sus zonas de reserva campesinas y los territorios agroalimentarios que se conviertan en el freno de la expansión de la frontera agropecuaria frente al bioma amazónico. Y ahí venimos avanzando. En este Gobierno se han declarado diez zonas de reserva campesina.

CAMBIO: Bueno, ¿en qué paró el acuerdo con Fedegán para compra de tierras?

M.C.: Va avanzando. Hemos definido algunos ajustes en ese esquema, pues hay que decir que hoy tenemos que corregir la forma en la que estamos presentando la oferta voluntaria de tierras. Ella se presentó como si el Estado buscara cualquier tierra y nosotros no buscamos cualquier tierra. Buscamos reformar la estructura inequitativa de la tenencia de la tierra en Colombia. Por lo tanto, los terrenos que compramos son aquellos que están concentrados y no los que ya están produciendo. Buscamos comprar la tierra que hoy no está produciendo para ponerla a producir, por lo cual ello debería ser un acuerdo en general. Entonces, cuando invitamos a los propietarios a vender, definimos quiénes son los que deberían venir a ofrecernos la tierra. Estamos haciendo ese ajuste con Fedegán y ahí hemos diseñado algo que es muy interesante: la Misión de Ganadería Sostenible para la Reforma Agraria. Así, a los grandes propietarios que tengan por ejemplo 2.000 o 10.000 hectáreas y que quieran vender el 50 por ciento de su finca o un poco más, les generamos incentivos de financiamiento para que desarrollen, en la mitad de la tierra con la que se quedan, una ganadería sostenible que permita hacer más eficiente su actividad económica y poner a disposición de la reforma agraria su tierra. Estamos próximos a relanzar con Fedegán esta estrategia, para que ese gran acuerdo, que es de voluntad por la transformación del campo, se pueda traducir efectivamente en lo que necesitamos. Y no compramos todo lo que nos ofrecen, sino lo que la reforma agraria necesita. Y ese es un mensaje muy importante para que esa alianza con Fedegán se pueda materializar.

CAMBIO: Eso suena bonito. Pero con esas 450.000 hectáreas, ¿qué ha pasado? ¿Quién tiene las tierras hoy en día?

M.C.: Esas tierras están en manos de la agricultura campesina. 98.000 hectáreas ya las hemos entregado a organizaciones y procesos asociativos dentro de los esquemas provisionales que prevé el régimen agrario y estamos implementando un plan de choque para desarrollar proyectos productivos, no parcelarios sino regionales, con los beneficiarios de la reforma agraria. Ese es un ajuste que se viene haciendo en el curso de este año y que esperamos que tenga un resultado temprano.

CAMBIO: O sea que los propietarios no van a ser campesinos, sino asociaciones campesinas.

M.C.: Eso va a depender de la circunstancia territorial. En algunas fincas que hemos entregado hay procesos asociativos muy fuertes que tienen la posibilidad de administrar los bienes de forma colectiva. En otros procesos hay una relación más individual de tenencia de tierra. Independientemente de la forma de relación de tenencia, necesitamos que la producción sí sea asociativa. Porque si creemos que la agricultura campesina puede generar esos excedentes y esa riqueza que queremos poner en manos de los campesinos, necesitamos una producción a escala y asociativa que ligue la producción, la transformación y la comercialización en un esquema que el Gobierno tiene el deber de ajustar en función de la reforma agraria.

CAMBIO: Hace 20 años, Brasil era un país nulo en temas agrícolas y hoy es una potencia. De hecho, la soya es su principal fuente de divisas. Colombia se ha quedado totalmente rezagada, a pesar de tener todas las posibilidades. ¿Qué se va a hacer para poner al país en el sitio que tiene que estar desde el punto de vista tecnológico? Es decir, ¿qué tecnologías se van a importar o qué asesoría técnica de otras naciones va a haber para salir del subdesarrollo agrícola?

M.C.: Con Brasil venimos desarrollando un proceso de entendimiento bastante profundo porque, entre otras cosas, su agricultura creció de la mano de la reforma agraria y de comprender el papel que cumple la agricultura campesina dentro de la producción nacional. Y es que la reforma agraria va al lado del crecimiento del sector agropecuario. Quienes están produciendo la tierra tienen economías de escala y el capital para producir. Y deben tener las garantías que genera el Estado para que ese crecimiento continúe. Lo que estamos intentando es que la reforma agraria, que es la redistribución de esa tierra que no está produciendo lo que debería producir, haga, si se quiere, un diálogo con la producción. Necesitamos que nuestros campesinos accedan a tierra y produzcan. Y eso requiere todo lo que tú has puesto sobre la mesa. Entonces, la entrega de la tierra con desarrollo rural requiere bienes y servicios públicos, y vías terciarias, que están además en el Acuerdo de Paz, que no son de este sector, pero que tiene que ver con la reforma agraria. Y deben adelantarse los temas de comercio exterior y de innovación. Toda la transformación de la producción debe ser una apuesta a la reforma agraria que hable con el empresariado. Por ejemplo, el crecimiento del sector frutícola es muy importante, pero requiere transformación y pensar en el mercado internacional. Esto, en últimas, es un acuerdo entre quien hoy está produciendo la tierra de la reforma agraria y un Gobierno que le apunta a tener todas las escalas, desde la producción primaria hasta la comercialización, en una apuesta de construcción y de diálogo nacional. Necesitamos innovación tecnológica: eso requiere de la cooperación internacional y de los gremios en Colombia. En el país tenemos alrededor de 15 millones de hectáreas que no están produciendo lo que deberían producir y que se convierten en la base para volver a esa Colombia una potencia agroalimentaria. Eso es lo que estamos intentando poner sobre la mesa: afianzar los mecanismos entre la distribución de la tierra, la entrada del proceso productivo, la transformación y la comercialización, donde tenemos que hacer sí o sí un diálogo con el conjunto de los actores del mundo agropecuario para que podamos fortalecer la producción a escala.

CAMBIO: Pero, como pasa en este país, y especialmente en este Gobierno, se dice que se van a hacer las cosas, pero no pasa nada. ¿Qué va a hacer el Ministerio de Agricultura para que se vuelva verdad todo eso tan bonito?

M.C.: Yo creo que hay tres mensajes claves. El primero es que la reforma agraria es el eje central del programa de Gobierno, en el entendido de que es la apuesta de modernización del campo en Colombia. La labor de esta administración es sentar las bases para que esa reforma agraria pactada en 1994 se pueda realizar.

CAMBIO: Esas palabras recuerdan el plan de rehabilitación de Virgilio Barco, que era una maravilla. Pero acá se comienzan las cosas y no hay continuidad.

M.C.: Más que no haber continuidad, lo que hay son decisiones que se vuelven regresivas. En 1936 hubo una apuesta de tierras que no era necesariamente redistributiva, pero era de ordenamiento del sector agropecuario. Luego, hacia 1944, se le puso freno a la reforma. En 1961 se volvió a hacer un pacto por la reforma agraria con un énfasis absolutamente redistributivo. El gran proceso de adquisición de tierras de ese Incora que se creó ese año fue muy fuerte, pero se frenó en 1974. Luego, en 1994 se volvió a hacer ese pacto y tampoco se cumplió. Y ahora, con la lógica del conflicto sobre la tierra, se tuvo la necesidad de llegar al Acuerdo de Paz, que es un impulso para hacer eso que en 1994 dijimos que íbamos a hacer. Y si en ese escenario planteamos qué es lo que debe hacer este Gobierno, pues es sentar las bases, quizás las más sólidas, para que esa reforma agraria no tenga reversa. Y en ese sentido hay que fortalecer a los actores del campo y a los gremios que tienen un papel, pero fundamentalmente al sujeto más excluido de la reforma agraria que es el campesinado en Colombia. ¿Y por qué digo que el más excluido? Porque cuando pactamos hacer la reforma agraria en 1994 se desbrozó, de manera inclemente, la guerra. Y para hacer reforma agraria yo necesito a ese sujeto social organizado, sólido, capaz de recibir la tierra y ponerla a producir. Pero además debemos construir las alianzas y las gobernanzas que esto requiere. Si la tierra ha sido la causa del conflicto, la tierra tiene que ser la búsqueda de la paz. Por eso es tan importante poner de presente que este Gobierno fijó un esquema de adquisición voluntario de tierras, porque es la posibilidad de que se encuentren los propietarios con los que no tienen tierra.

CAMBIO: ¿Por qué su antecesora no pudo y usted sí va a poder hacer que avance?

M.C.: Lo que quiere el Gobierno en su segunda etapa es hacer énfasis en el crecimiento del sector agropecuario. Eso debe seguir impulsándose y ahora hay que tomar las medidas para que la redistribución sea real. Necesitamos que aquellos comités de reforma agraria de los que hablamos en el año 1994 se consoliden, porque son la instancia de concertación. Esta concertación de reforma agraria se hace en los territorios y se previó en el Plan Nacional de Desarrollo. Es el esfuerzo de la Comisión Mixta de Asuntos Campesinos, que está en el Plan Nacional de Desarrollo y que esperamos que esta semana sea anunciada por la Presidencia de la República. Necesitamos fortalecer el diálogo con todos los sectores, y quizá ese énfasis es lo que puede marcar la diferencia en la implementación de la reforma.

CAMBIO: Pero digamos, para que quede claro, que el énfasis antes estaba en la adquisición.

M.C.: El énfasis siempre ha sido en la adquisición, pero teníamos un sector que generaba las garantías para la producción agropecuaria y eso debe seguir pasando. También tenemos un énfasis muy importante en el financiamiento del sector agropecuario y en el acompañamiento a las cadenas productivas y hoy, además, esos énfasis tienen que trasladarse a la concertación con el campesinado desde los territorios, desde ese proceso de adquisición de tierras y producción de la economía campesina.

CAMBIO: Pero, si, por ejemplo, yo tengo una tierra y quiero venderla, ¿qué hago? ¿Dónde llamo? ¿A quién busco?

M.C.: La Agencia Nacional de Tierras está por lanzar un mecanismo nuevo. Antes, cualquier persona podía ofertar su tierra, pero va a haber un mecanismo que debe estar por entrar en funcionamiento en estos días, el cual me permite recabar mayor información porque, insisto, no queremos comprar todo lo que se nos ofrece. Queremos comprar la tierra que el régimen agrario define como necesaria para la redistribución: la que está altamente concentrada y que no está produciendo lo que debe producir. Entonces, con este filtro, ya podemos saber si lo que un propietario quiere vender es lo que nosotros necesitamos. Pero con un elemento adicional: nosotros compramos directamente a los propietarios, no a los intermediarios. Eso, porque están apareciendo algunos actores que están tratando de intermediar entre los propietarios y la agencia y eso vuelve turbio el negocio. Queremos generar un esquema donde podamos dialogar directamente con el propietario, para confirmar que lo que él nos ofrece es lo que nosotros necesitamos y que el propietario, además, sienta la seguridad y la tranquilidad de que su negociación con el Estado es transparente.

CAMBIO: ¿Y cómo va el proceso de titulación de tierras?

M.C.: Hay un mecanismo de entrega provisional que implica que las personas que son calificadas como sujetos de reforma agraria tengan también la posibilidad de poner a producir el predio mientras se hace el proceso de formalización y se cumple con unas obligaciones que le impone la autoridad administrativa. Hoy, tenemos en proceso de formalización 735.000 hectáreas para pueblos étnicos y comunidades campesinas, y eso lo que hace es sanear el mercado de la tierra en el país y permitir que quienes ocupan un territorio ancestral que no se negocia, que no se enajena, o un territorio campesino que sí es susceptible de entrar al mercado de tierras, puedan avanzar de manera muchísimo más segura en su relación de tenencia.

CAMBIO: ¿Hay 735.000 hectáreas en proceso de formalización?

M.C.: Formalizados.

CAMBIO: Más 450.000 que se han comprado o se han adquirido de alguna manera.

M.C.: No se suman, porque el Acuerdo Final de Paz se fijó dos metas grandes en la reforma rural integral: 3 millones de hectáreas para campesinos y pueblos indígenas sin tierra o con tierra insuficiente y 7 millones de hectáreas formalizadas.

CAMBIO: Y de esas 450.000 hectáreas, ¿cuántas hay tituladas ya a sus nuevos propietarios?

M.C.: Tenemos 98.000 en entrega material. Ya hay una relación de ocupación protegida por el Estado y deben avanzarse los procesos de titulación hasta su inscripción. Hoy hemos llevado ya a registro final más de 15.000 hectáreas, pero tenemos las de los pueblos étnicos. ¿Cómo se formalizan o cómo se titulan efectivamente las del pueblo étnico? Yo compro la tierra para la ampliación del resguardo y lo debo llevar al Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras para que, a través de un acuerdo, se entregue a esa comunidad.

CAMBIO: ¿Por qué solamente 15.000 de 450.000?

M.C.: Porque desde hace dos años venimos comprando tierras y el proceso de compra debe ser muy riguroso. Tanto, que nos ha tocado hacer ajustes internos y hasta ahora se están finiquitando los negocios.

CAMBIO: Pero ministra, a ese ritmo pasarán 20 años para terminar.

M.C.: No, eso no va a pasar. Tenemos un plan de choque que implica que vamos a reforzar los equipos y la Superintendencia de Notariado y Registro, de modo que las tierras que están en entrega provisional pasen prontamente a una adjudicación definitiva.

CAMBIO: ¿Esas 15.000 hectáreas que ya están entregadas en qué estado están?

M.C.: Todas están en manos de quienes deben ser sus propietarios.

CAMBIO: ¿Y qué ha pasado con esas tierras?

M.C.: Estamos haciendo esfuerzos para llegar articuladamente a esos predios. Hay fincas cuya entrega se materializó, que están produciendo sin que el Estado haya llegado. Eso demuestra que hay una organización y un movimiento campesino que tiene toda la voluntad de tener la tierra y capacidad para producir.

CAMBIO: Ministra, si yo tengo una tierra que está inadecuadamente explotada y quiero hacerlo bien, ¿a quién acudo?

M.C.: Una de las apuestas que hemos hecho es ofrecer los recursos a través del mecanismo de financiamiento de tasa subsidiada o de incentivo a la capitalización para que los productores puedan contar con un crédito que debe atender a los ciclos productivos. Una opción es ir al Banco Agrario. La otra es recurrir a la asistencia técnica que debe fortalecerse en este Gobierno.

CAMBIO: Eso no lo sabe la gente.

M.C.: La política agropecuaria se desconoce. Llevamos 30 años sometidos al proceso de privatización de los servicios públicos agropecuarios. Pongo como ejemplo uno del que no se habla mucho: el servicio público de adecuación de tierras, riego y drenaje para habilitar los suelos para la producción agropecuaria.

CAMBIO: ¿Quién me ayuda si necesito riego y drenaje?

M.C.: En principio, una entidad que se encarga de desarrollar grandes proyectos, que es la Agencia de Desarrollo Rural. Lo que ha pasado es que los distritos de riego de mediana y pequeña escala han venido siendo casi de iniciativa privada. Pero usted me pregunta ¿a quién acudo? Cuando existía el Incora, la persona iba a esa oficina y ahora usted tiene que ir a la Oficina de Desarrollo de la Agencia de Desarrollo Rural, que tiene unas sedes en unos departamentos, o a la de la Agencia Nacional de Tierras.

CAMBIO: Llama la atención que el Gobierno de Petro está queriendo volver a lo que hicieron Alberto y Carlos Lleras en la reforma agraria.

M.C.: Creo que hay un compromiso implícito que no se ha cumplido en este país y es el de la redistribución de la tierra. Y puede haber elementos que nos pongan en común con esa narrativa, que requiere una institucionalidad fuerte. Yo no hago reforma agraria ni desarrollo rural con una institucionalidad débil. Y necesito fortalecer los procesos de diálogo del movimiento social que quiere la reforma agraria.

CAMBIO: ¿Cuál es su principal reto para hacer que funcione la política de compra de tierras?

M.C.: Ajustar con la Agencia Nacional de Tierras el procedimiento y el vehículo financiero para ello, además de lograr hacer un acuerdo con los propietarios para que pongan a disposición de la reforma agraria esas tierras de las que hemos hablado. También necesitamos algunas medidas administrativas que nos permitan agilizar el proceso de compra.

CAMBIO: ¿Y su relación con el nuevo director de la Agencia Nacional de Tierras está bien?

M.C.: Si el Ministerio de Agricultura no tiene una buena relación con la Agencia Nacional de Tierras, pues no funciona.

CAMBIO: ¿Qué fue lo que pasó hace unos meses?

M.C.: Pues no sabría decirle, porque yo no era la ministra. Lo que sí puedo decir es que tiene que haber una alineación sectorial. Lo que creo es que aquí hemos logrado, en este mes, alinearnos con esa apuesta de la Agencia Nacional de Tierras para entender que esto debe ser jalonado por el sector con un rol protagónico de quien hace el proceso directamente, que es la Agencia Nacional de Tierras, y estamos estableciendo unos mecanismos que nos permitan no solo agilizar ese proceso, sino generar todas las garantías de transparencia y de efectividad de la compra.

CAMBIO: ¿Y qué hacer para superar los problemas que ha habido en la adjudicación de tierras?

M.C.: Tenemos un plan de choque, pero yo quisiera enfocar la adjudicación de tierras en varios sentidos. Una cosa es la adjudicación de las tierras que compramos. Esas tierras entran al Fondo Nacional de Tierras y tienen un mecanismo de administración. Pero nosotros tenemos un proceso de adjudicación de tierras, de bienes baldíos y de formalización de propiedad privada que se rigen por otros mecanismos. La idea es fortalecer unos equipos. Existen por ejemplo unos que están ligados a la prestación de servicios, porque las plantas de las agencias son muy pequeñas. Hay que fortalecer esos equipos y pensar en una reestructuración de las entidades para que puedan cumplir con sus objetivos misionales. Insisto: hacer la reforma agraria no es posible con una entidad que tiene un alto nivel de centralización y que no hace presencia territorial robusta, con capacidad de decisión.

CAMBIO: ¿Qué va a pasar con el fallo de la Corte, que se dio por unas falencias, básicamente, de forma?

M.C.: Ante esa decisión, la situación es que hoy no tenemos una jurisdicción agraria implementada a pesar de que ya está reconocida en el ordenamiento constitucional y legal. Y no tenemos la posibilidad, una vez conozcamos a fondo la sentencia de la Corte Constitucional, de decidir en temas concretos. Pongo de plano uno que es delicado: la recuperación de los baldíos indebidamente ocupados. Aunque esos bienes están en manos de quienes no deben estar y deben ser puestos en función de la reforma agraria, hoy no tenemos la posibilidad de decir nada y tampoco tenemos jurisdicción agraria. Por eso hemos hecho dos llamados. El primero, a que se discuta la jurisdicción agraria para poder prontamente entrar a funcionar con nuestros jueces para que, en el marco de su autonomía e independencia, afronten estos conflictos agrarios. Pero también para devolverle la facultad a la administración de ejercer adecuadamente esas decisiones sobre bienes que son de la nación, que son del Fondo Nacional de Tierras y que tienen una destinación constitucional y legal específica. Y estamos trabajando en ese diseño legal y reglamentario.

CAMBIO: Si el presidente Petro logra hacer siquiera la mitad de lo que ha prometido en el tema de reforma agraria, pasaría a la historia. ¿Cuándo cree que vamos a ver resultados de esas promesas?

M.C.: Estamos haciendo los ajustes sectoriales que eso requiere. Debo decir que hay un avance cierto, y es poner 100.000 hectáreas en proceso de adquisición directa para economía campesina. Eso es algo que no tiene antecedentes en la Ley 160 de 1994, y podemos decir que hoy ya está funcionando. Siento que el país espera ver prontamente esas 100.000 hectáreas produciendo.

CAMBIO: ¿Y esa producción cuándo se va a ver?

M.C.: Creo que entre este y el otro año.

CAMBIO: ¿Y en esas 100.000 hectáreas qué se va a producir?

M.C.: Ya se está produciendo, en muchas de ellas, berenjena y yuca. Eso va a depender mucho de las circunstancias. Por lo pronto, tenemos una apuesta por definir prontamente cuál sería la línea que va a catapultar la reforma agraria en producción este año, cosa que depende del mercado internacional, de las apuestas de agroindustrialización y de la concurrencia de los gremios que han mostrado su voluntad de intervenir en esta reforma agraria.

CAMBIO: Ustedes decidieron que agosto va a ser el mes de la reforma agraria. ¿Qué va a pasar en agosto?

M.C.: Agosto es el mes de la reforma agraria, porque el 3 de agosto cumplimos 30 años de haberse sancionado la Ley 160. El sentimiento en general de quienes deben ser los beneficiarios de la reforma agraria es que no se había hecho lo que había que hacer. La reforma agraria es una decisión de Gobierno y todos los sectores deben hacer una apuesta. La reforma agraria se construye con los departamentos, con los municipios y con la gente. Y en este mes de agosto queremos revivir eso que está implícito en la Ley de Reforma Agraria, que es concertada, participativa y es, en lo fundamental, de quienes no tienen tierra o la tienen de manera insuficiente. Entonces vamos a revivir nuestros ocho subsistemas del Sistema Nacional de Reforma Agraria, convocando a las entidades que están allí. Vamos a convocar la Comisión Intersectorial del Sistema Nacional de Reforma Agraria y vamos a hacer un balance de lo que han sido estos 30 años, así como de lo que ha hecho este Gobierno, y de cuáles son esas medidas que se reclaman desde quienes no tienen tierra, todo ello para saber cuáles son las medidas que una reforma agraria, como política de Estado, como apuesta de transformación del campo, necesita para poderse desarrollar en el futuro.

CAMBIO: Para cambiar de tema, ¿cómo va la sustitución de cultivos ilícitos?

M.C.: La política de drogas implica un mayor rol del Ministerio de Agricultura en ella, y eso es una apuesta por transformar esas economías ilegales en economías legales a través de la producción agropecuaria. Eso tiene múltiples aristas. La primera es saber cuáles son esas escalas productivas que nos van a dar respuesta para competir con un mercado ilegal. En eso le ha ido muy bien al cacao. También venimos trabajando con el fríjol. Son apuestas que deben estar ligadas a los procesos de transformación y de comercialización que permitan hacer la sustitución. Lo que vamos a hacer es una especialización de la sustitución de cultivos en algunas zonas. Venimos trabajando con la cooperación internacional en Tumaco, por ejemplo, y eso ha venido generando algunos resultados. De otro lado está el Plan Catatumbo, que es un plan concertado de todo el Gobierno para poder entrar a ese territorio con una apuesta integral. Yo creo que el éxito de la sustitución de cultivos es entender que necesitamos generar productividad, pero no solo desde un sector, sino desde la concurrencia efectiva del Estado para garantizar en estas comunidades, además del tránsito hacia lo lícito, que tengan la estabilidad y la gobernanza territorial que se requiere para que ellas permanezcan en el territorio y transformen la economía.

CAMBIO: Ministra, ¿el Ministerio de Agricultura sí tiene gente en los territorios trabajando con la población?

M.C.: Hay un cambio muy importante y tiene que ver con la llegada al territorio. La concepción tanto del tema agrario como del tema de la sustitución venía siendo de atención individual. Hay una persona que tiene una pequeña unidad que produce coca. Yo le propongo que quite sus matas y siempre equis cosa. Entonces ahí yo no genero una transformación de la economía ilícita. Genero un nivel de subsistencia de esa persona que intenta cambiar el producto. Cuando empezamos a entrar al territorio de manera articulada, no para que una persona cambie lo que tiene en su predio, sino para cambiar la lógica de la economía ilegal que tiene cooptado a ese territorio, yo empiezo a transformar. Por eso hago mención al Pacto Catatumbo o el Plan Cauca de Vida, porque entra todo: educación, salud, agricultura y la política de drogas; y no sustituimos una parcela, sustituimos una economía. Esos resultados tendrán que verse a futuro. Pero implica que yo cambie, no la relación de una persona con la coca, sino la de un territorio con la coca, de modo que le ponga una actividad productiva al territorio que genere riqueza y bienestar para las comunidades que están allí. Pronto tendrán que empezar a mostrar resultados, porque son dinámicas de reconversión y de sustitución y, en lo fundamental, de apropiación territorial de esas comunidades, con un acompañamiento asertivo y de gobernanza que promueve el Gobierno nacional

CAMBIO: ¿Algo más que quisiera agregar, ministra?

M.C.: Para nosotros es muy importante que el país asuma la reforma agraria como un gran acuerdo nacional de transformación y de crecimiento del campo que va a beneficiar a los campesinos que no tienen tierra o que la tienen de forma insuficiente. Y que va a permitir a los pueblos indígenas, lo mismo que a las comunidades afro, estabilizarse y reconocer sus territorios. Pero que en lo fundamental es una apuesta de país para que esas tierras que hoy no están produciendo como deben producir, se conviertan en despensa agroalimentaria del país, de la región y ojalá del mundo y, a partir de ello, reconstruir las relaciones en el territorio para asegurar paz y justicia social, de manera que podamos transitar hacia la posibilidad de ser esa Colombia potencia mundial de la vida.

*Tomado de: https://cambiocolombia.com/poder/entrevista-la-ministra-de-agricultura-la-reforma-agraria-es-el-eje-central-del-programa-de