Imagen | Jo Anne Mcarthur
Estos días, la rutina de al menos 150 explotaciones ganaderas andaluzas solo se puede definir como rara. Los vaqueros se levantan, limpian, dan de comer y ordeñan a las vacas; luego, sencillamente, cogen toda la leche que tienen almacenada y la tiran por el sumidero de la granja.
Y no, no están locos.
¿Por qué se tira la leche? ¿Está en mal estado? Nada de eso. Estas decenas de lecheros andaluces están en pie de guerra contra Lactatis-Puleva porque la multinacional francesa quiere rebajar 9 céntimos por litro el precio que hasta ahora pagaban a las granjas.
Lo curioso es que ni siquiera es una propuesta. Sencillamente, como empresa y ganaderos, no llegan a un acuerdo: no se está recogiendo la leche. Y, en la medida que las granjas no tienen instalaciones para almacenar tantos litros, tienen que deshacerse de ella.
«600.000 litros diarios de leche». Esa es la cantidad que, según elDiario.es, se está desperdiciando cada día y, aunque seguramente sea menos porque ciertas cooperativas están consiguiendo ‘colocar’ los litros sobrantes en el mercado, la agonía de los ganaderos empieza a ser enorme.
Al fin y al cabo, el pulso entre una multinacional como Lactatis-Puleva (que puede mover litros de leche de un sitio a otro casi sin problema) y las pequeñas explotaciones agrarias es muy desigual. Los ganaderos, por su parte, dicen que el contrato es «abusivo» y que no les salen las cuentas.
Un sector que agoniza. Pasar de los 60 céntimos que se están pagando ahora por litro en Andalucía a los 51 que propone Lactatis supone, siempre según sus estimaciones, 20.000 euros menos de ingresos al mes para una explotación de unas 200 vacas.
El impacto es, de hecho, más intenso si tenemos en cuenta la situaicón que arrastra el sector desde hace años. José Luis de la Rosa, ganadero y responsable de ganadería de leche de COAG-Andalucía explicaba en CanalSur, que en los últimos 10 años «han desaparecido el 49% de los ganaderos de leche»; «el 9% solo el año pasado».
¿Qué dice la empresa? Lactalis sostiene que sigue abierta a la negociación y defiende que su propuesta es necesaria para adaptar “el precio de la leche en las ganaderías al contexto y al mercado español y europeo”. Y quizás no le falta razón, pero la oscuridad (y complejidad) de la cadena de gestión hacen que sea imposible de determinar con precisión.
El problema de fondo. Desde 2021, existe una «Ley de cadena alimentaria» que tiene como intención equilibrar las relaciones comerciales entre las grandes plataformas agroalimentarias y los productores. Sin embargo, la llegada de la inflación generalizada pocos meses después de su entrada en vigor, ha moderado mucho su aplicación real.
En esencial, la nueva ley cambiaba la forma en que se establecían los precios obligando a las distintas partes de la cadena a tener en cuenta los costes de cada eslabón. Esto requería un ejercicio de racionalización y transparencia que no ha acabado de producirse por la presión alcista de los precios.
No es un hecho aislado. En último término, lo que vemos hoy con la leche es el síntoma de algo mucho más serio: que no hemos conseguido encontrar una solución que permita la convivencia entre las grandes cadenas logísticas transnacionales y las industrias locales. Dos realidades que aportan cosas positivas (y negativas) al metabolismo socioeconómico de nuestras sociedades.
Y, como vivimos en un mundo donde la política industrial parece un tabú, todo lo que perdamos en estos conflictos sectoriales, será muy difícil de recuperar.
